Señaló que esta decisión “de emergencia” obedece a “las fuertes demandas sociales” también por parte de los intendentes.

Consideró que se trata de una medida “de carácter de excepción y de emergencia, porque no hay una respuesta adecuada por parte de las policías de cada provincia” y opinó que “si se hubiese mantenido la reforma que hicimos durante el gobierno de Solá, con una policía depurada, altamente capacitada y con un gobierno civil de la fuerza, hoy tendrían una policía muy buena y resuelto la mayor parte de los problemas”.

Seguido, el jurista sostuvo que los últimos 8 años fueron “malos para la fuerza policial en la provincia”, donde “el poder y vínculo fuerte entre policía y políticos y los extraordinarios lobbys policiales, han conspirado en contra de reformas serias” que, entre otras cosas, apuntaron “a combatir la corrupción”.