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Advierten sobre “deficiencias considerables” para prevenir la violencia machista

23/11/2016 | La sociedad argentina tiene “deficiencias considerables” para prevenir la violencia contra las mujeres, advirtió una experta en derechos humanos de las Naciones Unidas. Le pidió a Macri facilitar el acceso de las mujeres "a un aborto legal y seguro y a la atención post aborto". Según cifras no oficiales, cerca de 80.000 mujeres son hospitalizadas anualmente por complicaciones derivadas de abortos inseguros y un centenar mueren por este motivo



Dubravka Šimonovic

   PortalBA-. Al concluir este lunes una visita oficial al país sudamericano, la relatora especial sobre la violencia contra las mujeres, Dubravka Šimonovic, afirmó que esos abusos todavía son tolerados en ciertas ocasiones como parte de una “cultura machista” y que las políticas para prevenirlos no son lo suficientemente funcionales. 

Sin embargo, Šimonovic elogió a Argentina por los esfuerzos y avances logrados para combatir los feminicidios y otras formas de violencia, pero matizó que aún hay mucho trabajo por delante para que el país cumpla con sus obligaciones internacionales en este terreno y pueda desarraigar actitudes patriarcales enraizadas y estereotipos de género. 

“Las mujeres que han sido víctimas de violencia se enfrentan a la falta de una implementación sistemática, coherente y efectiva de estándares legales internacionales y federales en todo el país. 

Esto provoca diferencias significativas entre las provincias y en distintos niveles de protección para mujeres y niñas”, consideró.

La relatora se dijo particularmente preocupada por el Código Procesal Penal federal que establece que el procesamiento de delitos sexuales no sea conducido de oficio, lo cual lleva a considerar la violencia sexual como un asunto privado. 

“Este tipo de regulación envía un mensaje equivocado que nos lleva a pensar que las violaciones y la violencia sexual son un asunto privado y no público”, indicó.

Argentina viola los derechos humanos por impedir el acceso al aborto legal

La relatora especial de Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer, Dubravka Simonovic, denunció en Buenos Aires que la falta de implementación del protocolo sobre el aborto no punible en dos de cada tres provincias argentinas supone una "violación de los derechos humanos" y "contribuye a la alta tasa de mortalidad materna" en el país. Simonovic exigió al Gobierno de Mauricio Macri que haga cumplir el protocolo existente e impulse un proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

E instó al Ejecutivo a facilitar el acceso de las mujeres "a un aborto legal y seguro y a la atención post aborto". Según cifras no oficiales, cerca de 80.000 mujeres son hospitalizadas anualmente por complicaciones derivadas de abortos inseguros y un centenar mueren por este motivo, que es la principal causa de mortalidad materna en Argentina. 

Simonovic pidió al Ministerio de Salud que difunda información sobre los hospitales que practican abortos legales y exija "una justificación estricta para evitar el uso generalizado de la objeción de conciencia por parte de los médicos que se niegan a realizar abortos, considerando en particular la situación de los embarazos recientes como resultado de la violación o el incesto, que puede ser considerado como una tortura".

La experta de Naciones Unidas hizo también un repaso por otras formas de violencia ejercidas contra las mujeres en Argentina y criticó la falta de implementación de las normas nacionales e internacionales y las diferencias que existen entre provincias. Aunque elogió la aprobación de un plan para la erradicación de la violencia contra la mujer, que entrará en vigor en 2017, sostuvo que es necesario aumentar el número de refugios para víctimas, capacitar a jueces y policías y garantizar que los agresores no violan las órdenes de restricción.

Para Simonovic la pobreza influye de manera muy negativa en las oportunidades de las mujeres para hacer frente a la violencia machista. En Argentina, donde una de cada tres personas está bajo el umbral de la pobreza, las mujeres con menos recursos que padecen maltrato "tienen obstáculos adicionales para acceder a la Justicia y a un refugio inmediato", según Simonovic. Por ese motivo, la relatora ve con buenos ojos la aprobación de una ley de patrocinio jurídico gratuito a las víctimas, que espera que se cumpla.

Finalmente, expresó su preocupación sobre los delitos sexuales, que en Argentina no pueden juzgarse de oficio sino solo a petición de la víctima: "Este tipo de disposición envía un mensaje equivocado de que la violación y la violencia sexual son cuestiones privadas y no un tema de preocupación pública". Las conclusiones finales de la relatora especial sobre violencia contra la mujer se difundirán el próximo junio.


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