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Informe Seguridad Ciudadana en la Argentina Urbana (2010-2016)

19/05/2017 | El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA presentó el informe Seguridad Ciudadana en la Argentina Urbana (2010-2016). El 26,4 % de los hogares fue víctima –al menos uno de sus miembros- de un delito común contra la persona o la propiedad en los últimos 12 meses



Informe Seguridad Ciudadana de la UCA

   PortalBA-. El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA presentó el informe Seguridad Ciudadana en la Argentina Urbana (2010-2016).

Dicho estudio se basa en los datos de victimización generados por la Encuesta de la Deuda Social Argentina - Serie Bicentenario, para el período 2010-2016, con registros relevados para hogares urbanos en el cuarto trimestre de los años 2010 a 2015 y en el tercer trimestre de 2016. 

El estudio ofrece tasas de victimización frente a delitos “comunes” que afectan a las personas y/o las propiedades, así como indicadores de percepción y sentimientos de inseguridad por parte de la población de 18 años o más residentes en dichos hogares. Desde el 2004 el Observatorio realiza un seguimiento de las privaciones materiales y subjetivas que afectan las capacidades esenciales para el desarrollo humano y social, significando una violación a derechos individuales y colectivos fundamentales.

informe

Desde el 2004 el ODSA realiza un seguimiento de las privaciones materiales y subjetivas que afectan las capacidades esenciales para el desarrollo humano y social, significando una violación a derechos individuales y colectivos fundamentales. En este marco, es misión del Observatorio de la Deuda Social llamar la atención sobre las “deudas” pendientes de la sociedad con los sectores menos favorecidos. En ese marco, la inseguridad ciudadana constituye actualmente un problema de alta preocupación en la población, en tanto que la situación afecta sus capacidades de desarrollo humano y de integración social. Por lo tanto, dar cuenta del fenómeno y su evolución en los últimos años ofrece herramientas no sólo para el diagnóstico de la problemática sino también para su atención y corrección por parte del Estado.

La seguridad ciudadana es concebida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como “aquella situación donde las personas pueden vivir libres de las amenazas generadas por la violencia y el delito, a la vez que el Estado tiene las capacidades necesarias para garantizar y proteger los derechos humanos directamente comprometidos frente a las mismas. En la práctica, la seguridad ciudadana, desde un enfoque de los derechos humanos, es una condición donde las personas viven libres de la violencia practicada por actores estatales o no estatales”.

A su vez, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo clasifica a la seguridad ciudadana como una modalidad específica de la seguridad humana, y la define inicialmente como una protección universal contra el delito violento o predatorio cualquiera sea su fuente. En este marco, la seguridad ciudadana implica la protección de la vida, la integridad y el patrimonio de todas las personas contra un tipo específico de riesgo (el delito) que altera en forma "súbita y dolorosa" la vida cotidiana de las víctimas. Al atentar contra la vida, la integridad o el patrimonio de las personas, los delitos impiden el ejercicio de una libertad concreta, sacrifican una opción legítima o destruyen una oportunidad de realización humana. Pero además de este impacto inmediato, los delitos en cuestión afectan negativamente otras variables o procesos económicos, sociales y políticos que a su vez hacen posible el desarrollo social.

La seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones de bien público, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, la utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y, en general, evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas, las comunidades y sus bienes. En este marco, por seguridad pública debe entenderse el conjunto de acciones democráticas y ajustadas al derecho en favor de la seguridad de las personas y de sus bienes. Justamente, parte del reto actual es armonizar el ejercicio de los derechos humanos con las políticas en materia de seguridad ciudadana. En ocasiones, cuando el Estado no es capaz de reaccionar en forma eficaz ante la violencia y el delito, se buscan aplicar políticas que se ha demostrado son ineficaces, como por ejemplo el aumento de las penas, la reducción de garantías procesales, o medidas para aplicar el derecho penal a menores de edad, complicando aún más la situación.

Ahora bien, corresponde tener siempre presente que la seguridad no se relaciona sólo con la construcción de estrategias para prevenir y perseguir el delito común (no organizado o de oportunidad), sino también para prevenir y perseguir el delito profesional u organizado (trata de personas, proxenetismo, narcotráfico, mercado de autopartes robadas, asaltos a banco y camiones que transportan caudales, piratas del asfalto, etc.) y el denominado “de cuello blanco” (grandes evasiones fiscales, doble contabilidad, invención de empresas fantasmas, lavado de dinero, etc.), o la violencia de género o contra niños, los accidentes de tránsito, la que se registra en el fútbol, etc. 

Es decir que la seguridad va mucho más allá del delito común. Aunque muchas de las otras formas de delito no son percibidas como generadoras de miedo, integran también la conflictividad social y constituyen delitos graves contra los derechos humanos. Todos demandan la atención y respuesta del Estado. Ahora bien, si bien no todos los problemas de seguridad ciudadana se resuelven con mayor represión policial contra el delito común, es fundamental que los ciudadanos estén y se sientan más seguros y protegidos en su libertad, integridad personal y patrimonial para dotar de legitimidad a un orden democrático fundado en el bien común. Justamente, es sobre esta particular problemática la que informa, describe y analiza este avance de investigación. 

Resumen

De acuerdo con la Encuesta de la Deuda Social Argentina del tercer trimestre de 2016, el 26,4 % de los hogares fue víctima –al menos uno de sus miembros- de un delito común contra la persona o la propiedad en los últimos 12 meses. Es relevante destacar que estos hechos, luego de venir creciendo desde 2010 hasta llegar a un pico en 2014 (31,1%), registraron en 2015 una caída significativa, tendencia que volvió a repetirse durante 2016.

La serie histórica disponible permite afirmar que la tasa de victimización de los hogares habría sido incluso en 2016 inferior a la registrada en 2010 (28,1%). Sin embargo, cabe también destacar que la percepción de riesgo y el sentimiento de inseguridad no siguieron igual evolución (ver abajo). Diferente es el caso de la percepción de mayor presencia policial en espacios públicos, cuyo déficit bajó abruptamente desde 2012, pero especialmente entre 2015 y 2016 (de 44,5% a 40,4%).

En comparación al año 2010, las personas con nivel socio-residencial medio alto y que viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registraron la mayor caída de hechos delictivos. Asimismo, se registraron caídas significativas en el estrato socio-ocupacional medio profesional y medio integrado, en el nivel socio-económico medio alto y medio bajo y en el conurbano bonaerense. Esta evolución tiende a correlacionar con el aumento que registró la percepción de presencia policial en calles y barrios en estos distritos. 

Con respecto al tipo de delito, se verifica que el tipo más frecuente fue el hurto o robo sin armas, siendo que el 15,5% de los hogares consultados sufrió al menos un delito de este tipo, mientras que el 6,5% padeció robos sin violencia física pero con arma blanca/de fuego, el 4,0% robo con violencia y armas de fuego/armas blancas, el 2,3% un hecho de violencia física (golpes, ataques, lesiones) y un 0,3% una agresión sexual (violación o intento de violación).

Al comparar 2015-2016, se observa una disminución en los dos primeros indicadores (robo/ hurto con o sin armas), sin detectarse diferencias significativas de victimización con respecto al robo con violencia, violencia física ni agresión sexual. Pero si compara 2010-2016, todos los hechos registraron algún grado de caída; aunque en algunos casos la diferencia observada no es estadísticamente significativa (agresión sexual). 

Pero si bien se observa tanto una disminución en la tasa de victimización, así como un aumento en la percepción de vigilancia policial en el espacio público, tanto la percepción de riesgo como el sentimiento de inseguridad es cada vez mayor. En este sentido, se observa que el 72,3% de la población de 18 años y más entrevistada consideró altamente probable ser víctima de algún delito. Esto significó un aumento de 10,1 puntos porcentuales respecto al 2010 y de 2,3 respecto al 2015. En la misma línea, el 79,2% se siente inseguro en su barrio, en su casa o en la calle/viajando en transporte público. El sentimiento de inseguridad registró un aumento de 4,8 puntos porcentuales respecto a 2010 y de 2,5 al año 2015. Respecto al sentimiento de inseguridad, se verifica que el 77% de las personas se siente inseguro en la calle y/o viajando en transporte público, el 49,1% se siente inseguro en el barrio y un 25,2% se siente inseguro en su propio domicilio.

En lo que hace a la percepción de riesgo, los grupos sociales que perciben una mayor probabilidad de sufrir delito son quienes viven en otras áreas metropolitanas, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que poseen un nivel socio-económico medio alto. 

En igual sentido, fueron estos grupos sociales lo que entre 2010-2016 registraron mayores incrementos. Respecto a las características del individuo, la percepción de riesgo aumentó sobre todo en personas de 60 años y más, en varones, en personas sin secundario completo y que son jefes del hogar.

Respecto al sentimiento de inseguridad, son las personas de villas y asentamientos, que residen en el conurbano bonaerense, que pertenecen al nivel socioeconómico bajo y al estrato socio-económico bajo trabajador, quienes más inseguras se sienten en su barrio, en su vivienda o en la calle/viajando en transporte público. A la vez que fueron justamente en estos sectores donde se verifica un mayor incremento entre 2010-2016. Y si bien el aumento del sentimiento de inseguridad se evidencia en casi
todos los atributos analizados, destaca como excepción residir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde dicho indicador decreció 6,7 puntos porcentuales (de 67% a 60,3%).

Como se deduce de lo anterior, se verifican perfiles diferenciales respecto a la probabilidad de riesgo y el sentimiento de inseguridad. En este sentido, quienes pertenecen a los estratos sociales más altos son quienes consideran muy o bastante probable convertirse en víctima de algún delito, en comparación a aquellos de los estratos más bajos. Sin embargo, son las personas de los niveles sociales más bajos quienes se sienten más inseguros.

Respecto a las denuncias policiales, se verifica que un 46,1% de los hogares víctimas de algún delito, afirmaron haber realizado la denuncia policial luego del hecho. Si bien el porcentaje de denuncias es superior al reportado en 2012 (42,3%), decrece respecto al 2015 (48,4%). El mayor aumento entre 2012-2016 se registra en el nivel socio-ocupacional medio profesional, el nivel socio-residencial medio alto y el nivel socioeconómico medio alto. Estos grupos son los que, a su vez, más denuncian los hechos delictivos. En sentido contrario, la mayor caída en las denuncias se evidencia en el nivel socio-económico muy bajo.

Al contrastar los datos 2015-2016, se observa que el porcentaje de denuncias aumentó en la Ciudad de Buenos Aires y disminuyó en el conurbano bonaerense. Los hogares de un nivel socio-económico muy bajo, del estrato socio-ocupacional bajo marginal y que residen en el conurbano bonaerense son los que históricamente menos
denuncian hacen.

A partir de los resultados se observa que si bien el índice de delitos es menor comparado con otros años (2010-2016 y 2015-2016) en el marco que se percibe una mayor vigilancia policial, la percepción de riesgo y el sentimiento de inseguridad se incrementan en casi todos los grupos de análisis. Asimismo, se verifica una menor tasa de denuncias de los hechos policiales respecto al año anterior.

Por todo lo expuesto se deriva en la necesidad de estudiar la inseguridad ciudadana desde un abordaje amplio, que considere distintos aspectos y niveles de referencia, a fin de alcanzar una evaluación lo más completa posible. Es por ello que resulta por demás relevante no sólo examinar la dimensión objetiva de la inseguridad, sino también la dimensión subjetiva, en términos de percepción de riesgo (aspecto cognitivo) y sentimiento de inseguridad (aspecto afectivo/emocional).

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA / BICENTENARIO 2010-2016

Dominio Aglomerados urbanos con 80.000 habitantes o más de la República Argentina.
Universo Hogares particulares. Población de 18 años o más.
Tamaño de la muestra Muestra puntual hogares: aproximadamente 5.700 casos por año.
Tipo de encuesta Multipropósito longitudinal.
Asignación de los casos No proporcional post-calibrado.
Puntos de muestreo 952 radios censales.
Dominio de la muestra Aglomerados urbanos con 80.000 habitantes o más agrupados en 3 grandes conglomerados (Gran Buenos Aires, Otras Áreas Metropolitanas y Resto urbano). GBA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Conurbano Zona Norte, Conurbano. Zona Oeste y Conurbano Zona Sur. Otras Áreas Metropolitanas: Gran Rosario,
Gran Córdoba, San Miguel de Tucumán y Tafí Viejo, y Gran Mendoza. Resto urbano: Mar del Plata, Gran Salta, Gran Paraná, Gran Resistencia, Gran San Juan, Neuquén-Plottier-Cipoletti, Zárate, La Rioja, Goya, San Rafael, Comodoro Rivadavia y Ushuaia-Río Grande.
Procedimiento de muestreo Polietápico, con una primera etapa de conglomeración y una segunda de estratificación. La selección de los radios muestrales dentro de cada aglomerado y estrato es aleatoria y ponderada por la cantidad de hogares de cada radio. Las manzanas al interior de cada punto muestral y los hogares de cada manzana se seleccionan aleatoriamente a través de un muestro sistemático, mientras que los individuos dentro de cada vivienda son elegidos mediante un sistema de cuotas
de sexo y edad. 
Criterio de estratificación Estratificación socioeconómica efectuada por clasificación y ordenación de los radios censales, según el promedio de nivel educativo del jefe de hogar en cada radio censal.
Fecha de realización Cuarto trimestre de 2010 a 2015 y tercer trimestre de 2016.
Error muestral +/- 1,3%, con una estimación de una proporción poblacional del 50% y un nivel de confianza del 95%. 


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